SKY ECC y EncroChat en Valencia: qué se le exige a la prueba digital

TL;DR - Qué exigió la Audiencia de Valencia a la prueba digital, y qué pasó después

En enero de 2026, la Audiencia Provincial de Valencia dictó la resolución que más ha hecho discutir sobre prueba digital en España en los últimos años. La Sección Tercera absolvió a los 14 acusados de una trama de narcotráfico al determinar que las pruebas procedentes de la plataforma de comunicación cifrada SKY ECC no cumplían los requisitos mínimos de autenticidad e integridad exigibles a toda evidencia digital.

La resolución no se basa en una cuestión menor. La prueba fue invalidada porque, tal como señaló el tribunal, la evidencia digital carecía de los elementos intrínsecos que garantizasen su autenticidad e integridad: no presentaba firmas digitales ni valores hash que permitiesen verificar que los datos no habían sido alterados. Además, el material había pasado por al menos dos procesos de filtrado y selección por parte de las autoridades policiales antes de llegar a manos del juzgado.

Este caso demuestra por qué la intervención de un perito informático judicial es determinante en procedimientos donde la prueba digital constituye el eje de la acusación. Sin una validación forense rigurosa, la evidencia digital puede derrumbarse por completo ante un tribunal.

Qué son SKY ECC y EncroChat: las plataformas de comunicación cifrada

Para entender la magnitud de esta sentencia, es necesario conocer qué son las plataformas de comunicación cifrada que estaban en el centro del caso.

SKY ECC

SKY ECC fue un servicio de comunicaciones cifradas basado en dispositivos móviles modificados. Ofrecía cifrado de extremo a extremo, mensajes autodestructivos y la eliminación de GPS, cámara y micrófono del dispositivo. La empresa, con sede en Canadá, comercializaba estos terminales como soluciones de privacidad corporativa, aunque las autoridades policiales europeas detectaron que una parte significativa de sus usuarios pertenecían al crimen organizado.

En marzo de 2021, una operación coordinada por Europol, la policía belga y la policía neerlandesa logró interceptar las comunicaciones de SKY ECC. Conviene citar a Europol por lo que dice: su nota del 10 de marzo de 2021 precisa que «a mediados de febrero las autoridades habían podido vigilar el flujo de información de unos 70.000 usuarios» —de los 170.000 que usaban la herramienta en todo el mundo— y habla de «insights into hundreds of millions of messages», no de mil millones. (Aquí figuraba «según Europol, se descifró el tráfico de aproximadamente 170.000 usuarios y se obtuvieron más de mil millones de mensajes»: ninguna de las dos cifras es la que da esa nota.) La operación condujo a cientos de detenciones en toda Europa.

EncroChat

EncroChat fue el precursor de SKY ECC. Esta plataforma de comunicación cifrada, radicada en los Países Bajos, ofrecía teléfonos móviles modificados con sistema operativo propio, doble sistema de desbloqueo y borrado remoto de emergencia. En julio de 2020, una operación conjunta de la gendarmería francesa y la policía neerlandesa, coordinada por Eurojust, logró infiltrar el servidor maestro de EncroChat e interceptar las comunicaciones de más de 60.000 usuarios.

El desmantelamiento de EncroChat y, posteriormente, de SKY ECC fueron presentados por Europol como los mayores éxitos en la lucha contra el crimen organizado en la historia de la Unión Europea. Sin embargo, la legalidad de la obtención de esas pruebas y su validez procesal han sido cuestionadas en tribunales de varios países europeos.

El problema de fondo: vigilancia masiva y garantías procesales

Ambas operaciones comparten una característica que las hace jurídicamente controvertidas: se interceptaron de forma masiva las comunicaciones de todos los usuarios de estas plataformas, sin autorización judicial individualizada para cada uno de ellos. Como ha señalado el análisis jurídico de Escudo Legal, se trata de una suerte de “gran hermano policial” que interceptó comunicaciones indiscriminadamente y después filtró la información relevante para cada investigación concreta.

Esta metodología plantea serias dudas desde la perspectiva del derecho a la intimidad (art. 18 CE), el secreto de las comunicaciones y la proporcionalidad de la injerencia. Un perito forense digital puede analizar si el proceso de obtención, filtrado y entrega de estos datos respetó las garantías procesales exigidas por la legislación española.

Qué dice exactamente la sentencia de Valencia

La resolución de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Tercera, constituye un análisis forense judicial exhaustivo de la prueba digital presentada por la acusación. Los motivos de la absolución pueden desglosarse en varios ejes fundamentales.

Ausencia de firmas digitales y valores hash

El tribunal determinó que la evidencia digital aportada por la acusación carecía de firma digital y de valores hash que permitiesen verificar su autenticidad e integridad. En términos técnicos, esto significa que no existía ningún mecanismo criptográfico que garantizase que los datos presentados en juicio eran idénticos a los interceptados originalmente.

Un hash criptográfico (SHA-256, MD5 o similar) funciona como una huella dactilar del archivo digital: cualquier modificación, por mínima que sea, genera un hash completamente diferente. La firma digital, por su parte, vincula criptográficamente un documento a su autor y permite verificar que no ha sido alterado desde su firma.

La ausencia de ambos elementos es, desde la perspectiva del peritaje informático forense, un defecto grave e insalvable. Sin hash ni firma digital, es técnicamente imposible afirmar con certeza que la evidencia presentada en juicio se corresponde con los datos originalmente interceptados.

Filtrado policial sin control judicial

El segundo motivo de la invalidación fue que la evidencia había pasado por al menos dos procesos de filtrado y selección por parte de las autoridades policiales antes de ser entregada al juzgado. Según recoge elDiario.es, este proceso de selección se realizó sin supervisión judicial directa.

Esto es problemático por varias razones:

• Selección parcial: las autoridades pudieron seleccionar solo los mensajes que apoyaban la acusación, descartando otros que pudieran ser exculpatorios.
• Alteración potencial: cada proceso de filtrado implica operaciones técnicas sobre los datos (extracción, conversión de formato, selección) que pueden alterar metadatos, orden cronológico o contexto de las conversaciones.
• Falta de trazabilidad: sin un registro forense detallado de cada operación, no es posible reconstruir el camino que siguieron los datos desde su interceptación hasta su presentación en juicio.

Un perito forense habría podido documentar cada uno de estos procesos de filtrado y verificar si se respetó la integridad de los datos en cada paso. La ausencia de esta documentación fue determinante para el tribunal.

Carencia de elementos intrínsecos de autenticidad

El tribunal concluyó que la evidencia “carecía de los elementos intrínsecos que garantizasen su autenticidad e integridad”. Esta expresión, de profundo calado técnico-jurídico, significa que la prueba no contenía, en sí misma, ningún mecanismo interno que permitiese verificar su origen y su integridad.

En la práctica forense digital, los “elementos intrínsecos” de autenticidad incluyen:

• Metadatos originales del sistema de comunicación (timestamps del servidor, identificadores de sesión, claves de cifrado)
• Hashes criptográficos calculados en el momento de la interceptación
• Firmas digitales de las autoridades que realizaron la interceptación
• Registros de auditoría (logs) del sistema de interceptación
• Cadena de custodia digital documentada conforme a normas ISO/IEC 27037

La ausencia de estos elementos convierte la prueba digital en un conjunto de datos cuyo origen, integridad y autenticidad no pueden verificarse de forma independiente. Para cualquier perito forense, dictaminar sobre evidencia sin estos elementos es como intentar autenticar un documento manuscrito sin tener el original.

El papel del perito informático judicial en casos de comunicaciones cifradas

La sentencia de Valencia pone de manifiesto la función esencial del perito informático en procedimientos penales donde la prueba digital es el pilar de la acusación.

Funciones del perito en estos casos

El trabajo de un perito informático judicial en un caso que involucra comunicaciones cifradas interceptadas abarca varias fases técnicas:

1. Verificación de la cadena de custodia digital

El perito examina toda la documentación relativa al recorrido de la evidencia: desde su interceptación en los servidores de la plataforma cifrada hasta su presentación en el juzgado. Verifica que cada transferencia, copia o transformación esté documentada con hashes, firmas y timestamps.

2. Análisis de integridad de la evidencia

Mediante herramientas forenses certificadas (EnCase, FTK, Autopsy, Cellebrite), el perito verifica si los valores hash de los archivos presentados coinciden con los calculados en el momento de la interceptación. Si no existen hashes originales, como ocurrió en el caso de Valencia, el perito debe documentar esta carencia y sus implicaciones.

3. Evaluación de los procesos de filtrado

Cuando la evidencia ha sido sometida a procesos de selección o filtrado, el perito analiza si estos procesos pudieron alterar el contenido, los metadatos o el contexto de las comunicaciones. Examina los formatos de exportación, las herramientas utilizadas y los posibles artefactos derivados de la conversión.

4. Dictamen sobre autenticidad

Con base en todo lo anterior, el perito emite un dictamen sobre si la evidencia digital cumple los requisitos de autenticidad, integridad y fiabilidad exigidos por la normativa procesal española. En el caso de Valencia, la ausencia de elementos verificables habría sido motivo suficiente para un dictamen negativo.

La diferencia entre ganar y perder un caso

El caso de Valencia ilustra con claridad cómo la intervención de un perito informático por parte de la defensa puede cambiar el resultado de un procedimiento. Si la defensa no hubiese cuestionado técnicamente la evidencia digital, los 14 acusados podrían haber sido condenados basándose en pruebas cuya integridad nadie habría verificado.

En sentido inverso, si la acusación hubiese contado con un peritaje informático que certificase la integridad de las pruebas desde el momento de su interceptación, el resultado habría sido muy diferente. El peritaje informático no es un trámite burocrático: es la garantía técnica que da validez a la prueba digital.

Implicaciones legales: cadena de custodia, hash y firma digital

La sentencia de Valencia refuerza tres conceptos técnico-jurídicos que todo profesional del derecho debe dominar cuando trabaja con prueba digital.

Cadena de custodia digital

La cadena de custodia digital es el registro documentado de todas las personas, acciones, herramientas y condiciones que intervienen en el ciclo de vida de una evidencia electrónica. La norma ISO/IEC 27037:2012 establece los estándares internacionales para su implementación.

En el caso de Valencia, la cadena de custodia presentaba lagunas significativas. Los datos pasaron de los servidores de SKY ECC a las autoridades belgas y neerlandesas, de ahí a Europol, después a la policía española, y finalmente al juzgado. En cada eslabón de esta cadena, la evidencia fue procesada, filtrada y transformada. Sin documentación forense en cada punto de transferencia, la cadena de custodia se rompe.

La STS 587/2014 ya fijó el criterio: la ruptura de la cadena de custodia no anula por sí sola la prueba, pero traslada la discusión a su fiabilidad. La sentencia de Valencia aplica este principio de forma contundente.

Valores hash: la huella dactilar digital

Un valor hash es el resultado de aplicar un algoritmo criptográfico (SHA-256, SHA-1, MD5) a un conjunto de datos. Funciona como una huella dactilar única: dos archivos idénticos producen el mismo hash, pero la más mínima modificación genera un hash completamente diferente.

En la práctica forense, el hash se calcula en el momento de la adquisición de la evidencia y se recalcula en cada transferencia. Si ambos hashes coinciden, la integridad está garantizada. Si difieren, la evidencia ha sido alterada.

La acusación en el caso de Valencia no pudo presentar hashes originales calculados en el momento de la interceptación de las comunicaciones de SKY ECC. Sin este punto de referencia inicial, cualquier hash posterior carece de valor probatorio: no hay nada contra lo que comparar.

Firma digital: autenticidad y no repudio

La firma digital va un paso más allá del hash. Utiliza criptografía asimétrica para vincular un documento a su emisor y garantizar que no ha sido alterado desde su firma. En el contexto de la prueba digital, la firma digital de la autoridad que intercepta las comunicaciones certifica quién obtuvo los datos, cuándo y que no han sido modificados.

En el caso de Valencia, la ausencia de firmas digitales significaba que nadie podía certificar criptográficamente que los datos presentados en juicio provenían realmente de la interceptación de SKY ECC y no habían sido alterados en algún punto intermedio.

Para un perito forense digital, la combinación de hash y firma digital constituye el estándar mínimo de fiabilidad de cualquier evidencia digital. Su ausencia compromete irremediablemente la prueba.

La reacción de Europol y Eurojust: controversia internacional

La sentencia de Valencia no ha pasado desapercibida en las instituciones europeas. Según informó El Español, tanto Europol como Eurojust han expresado su preocupación por esta resolución.

La posición de las instituciones europeas se sustenta en que las operaciones contra EncroChat y SKY ECC fueron autorizadas por tribunales franceses y belgas, respectivamente, y que la legalidad de la interceptación ha sido avalada por tribunales de otros estados miembros. Desde esta perspectiva, cuestionar la validez de las pruebas en España socavaría la cooperación judicial europea en materia de lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, el argumento del tribunal valenciano es igualmente sólido desde la perspectiva del derecho procesal español: independientemente de cómo se obtuvieron las comunicaciones, la evidencia presentada ante un tribunal español debe cumplir los estándares probatorios españoles. Y esos estándares exigen autenticidad, integridad y trazabilidad verificable.

El debate europeo sobre la prueba digital transfronteriza

Esta tensión entre la eficacia de la investigación policial y las garantías procesales nacionales no es exclusiva de España. Tribunales en Alemania, Francia y los Países Bajos han debatido cuestiones similares en relación con la evidencia procedente de EncroChat. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también ha sido consultado sobre la compatibilidad de estas interceptaciones masivas con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

La sentencia de Valencia se sitúa en el polo garantista de este debate: prima la integridad del proceso sobre la eficacia de la investigación. Para un perito informático forense, esta posición es coherente con los principios técnicos de la disciplina: una prueba cuya integridad no puede verificarse no es una prueba fiable, independientemente de su origen.

Qué significa esta sentencia para futuros casos en España

La sentencia de instancia de Valencia hizo discutir mucho el estándar de la prueba digital, aunque el TSJ la revocó después (ver el aviso del inicio). Sus argumentos técnicos siguen siendo un material persuasivo que las defensas invocan en procedimientos similares, con la cautela de que no es una resolución firme.

Precedente para otros tribunales

Aunque las sentencias de las Audiencias Provinciales no generan jurisprudencia vinculante (esa función corresponde al Tribunal Supremo), sí constituyen un precedente persuasivo que otros tribunales pueden seguir. En la actualidad, existen múltiples procedimientos en España basados en comunicaciones interceptadas de EncroChat y SKY ECC. La sentencia de Valencia proporciona a las defensas un argumento sólido y técnicamente fundamentado para impugnar estas pruebas.

Estándar más exigente para la acusación

A partir de esta sentencia, es previsible que las fiscalías y fuerzas de seguridad deban elevar el estándar de presentación de evidencia digital procedente de comunicaciones cifradas interceptadas. Esto incluye:

• Acompañar la evidencia con hashes originales calculados en el momento de la interceptación
• Incluir firmas digitales de las autoridades que intervinieron en cada fase del proceso
• Documentar de forma exhaustiva la cadena de custodia desde el servidor interceptado hasta la sala del tribunal
• Solicitar peritaje informático que certifique la integridad de los datos antes de su incorporación al proceso

Mayor demanda de peritos informáticos judiciales

Tanto la acusación como la defensa necesitarán peritos informáticos para, respectivamente, acreditar o cuestionar la integridad de la prueba digital. Este tipo de peritaje informático requiere conocimientos específicos de criptografía, protocolos de comunicación cifrada, normas ISO de gestión de evidencia digital y legislación procesal.

El recurso ya se resolvió: el TSJ revocó la absolución

El Ministerio Fiscal recurrió, pero en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, no ante el Tribunal Supremo. El 22 de abril de 2026 el TSJ revocó la absolución y declaró legítima la prueba (ver el aviso del inicio), y la Audiencia dictó después nueva sentencia condenatoria. La cuestión de fondo —qué estándar debe cumplir la prueba digital transfronteriza— sigue abierta a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie en algún asunto equivalente.

Esta sentencia en contexto: la evolución de la prueba digital en España

La resolución de Valencia no surge en el vacío. Se enmarca en un debate más amplio sobre los estándares de la prueba digital en la jurisdicción española.

La STS 300/2015: el origen del estándar garantista

La sentencia del Tribunal Supremo 300/2015 estableció que las pruebas digitales deben tratarse «con todas las cautelas», dada su naturaleza potencialmente manipulable. Este criterio, durante años, exigió que quien aportase evidencia digital acreditase su autenticidad mediante peritaje informático.

La flexibilización de 2019-2025

Como analicé en un artículo anterior sobre la flexibilización del estándar de prueba digital, las sentencias del Tribunal Supremo de 2019 y 2025 han ido relajando progresivamente este estándar, llegando a presumir la autenticidad de capturas de pantalla salvo impugnación técnicamente fundamentada.

Valencia 2026: un intento garantista que la apelación frenó

La sentencia de instancia de Valencia apuntó en dirección contraria a la del Supremo: mientras el Alto Tribunal ha ido flexibilizando los requisitos para la evidencia digital «común» (capturas de WhatsApp, correos), la Audiencia aplicó un estándar máximo de rigor a la prueba obtenida por interceptación masiva de comunicaciones cifradas. El TSJ, sin embargo, revocó ese criterio y reafirmó que la falta de hash o firma no anula la prueba por sí sola: el péndulo, de momento, no ha vuelto.

Este contraste evidencia la necesidad de que el legislador español aborde de forma específica la regulación de la prueba digital, tanto en su obtención como en su presentación procesal. Hasta entonces, la intervención de un perito informático especializado será la única garantía técnica fiable.

Qué hacer si necesitas un perito informático judicial

Si estás involucrado en un procedimiento judicial donde la prueba digital es relevante, sea como parte acusadora o como defensa, estas son las acciones recomendables.

Si eres abogado

1. Contacta con un perito informático judicial desde el inicio del procedimiento. No esperes a la fase de juicio oral. La intervención temprana permite preservar evidencia, verificar la integridad de las pruebas de la parte contraria y preparar un informe pericial sólido.

2. Solicita el análisis forense de la evidencia digital. Un perito informático puede verificar hashes, examinar metadatos, analizar la cadena de custodia y detectar indicios de manipulación o alteración.

3. Si la evidencia procede de comunicaciones cifradas interceptadas, exige a la acusación que aporte los hashes originales, las firmas digitales y la documentación completa de la cadena de custodia. La sentencia de Valencia te proporciona el argumento jurídico para hacerlo.

4. Prepara la impugnación técnica con rigor. Como ha señalado la jurisprudencia, ya no basta cuestionar genéricamente la autenticidad de la prueba digital. Necesitas un dictamen pericial que fundamente técnicamente cada objeción.

Si eres parte en un procedimiento

1. No destruyas ni modifiques evidencia digital. Cualquier alteración puede ser detectada por un perito informático judicial y perjudicar gravemente tu posición procesal.

2. Conserva los dispositivos originales. Los móviles, ordenadores y soportes de almacenamiento que contengan evidencia relevante deben preservarse sin alteraciones.

3. Documenta todo. Fechas, horas, personas con acceso a los dispositivos, cualquier incidencia. Esta información será valiosa para el peritaje posterior.

4. Consulta con un profesional antes de actuar. Un perito informático puede asesorarte sobre cómo preservar correctamente la evidencia y qué pasos seguir.

Cuándo es imprescindible un perito informático judicial

• Procedimientos penales donde la prueba digital es el elemento central de la acusación
• Casos que involucran comunicaciones cifradas interceptadas (EncroChat, SKY ECC, ANOM)
• Impugnación de evidencia digital aportada por la parte contraria
• Verificación de la cadena de custodia de dispositivos electrónicos
• Análisis forense de dispositivos móviles, ordenadores o servidores
• Casos de ciberdelincuencia, fraude informático o delitos tecnológicos

Conclusión: la prueba digital exige rigor técnico, no solo voluntad policial

La sentencia de instancia de la Audiencia Provincial de Valencia hizo discutir como pocas el tratamiento de la prueba digital en España: por primera vez un tribunal español invalidó en instancia las comunicaciones interceptadas de una plataforma cifrada como SKY ECC. El TSJ la revocó después —la falta de hash o firma no anula la prueba por sí sola—, pero el estándar técnico que la Audiencia discutió sigue en pie: sin hash que acredite la integridad, sin firma que certifique la autenticidad y sin cadena de custodia verificable, la fiabilidad de la prueba queda a expensas de lo que la corrobore.

La controversia internacional generada por esta resolución —según la cobertura de prensa, Europol, Eurojust y tribunales de varios países consideran que esas conversaciones sí están avaladas en otros procedimientos; conviene precisar que la palabra «escandalizada» del titular es del medio, no de esos organismos— refleja la tensión inherente entre la eficacia de la investigación policial y las garantías del Estado de Derecho. Pero esa tensión debe resolverse siempre a favor de las garantías. Como señaló el abogado penalista Víctor Ávila en su análisis de la sentencia, la validez procesal de una prueba no puede depender de la buena voluntad de las autoridades que la obtuvieron, sino de mecanismos técnicos objetivos y verificables.

Para abogados, la lección es clara: la prueba digital requiere la intervención de un perito informático judicial que garantice su autenticidad e integridad, tanto para sostener una acusación como para fundamentar una impugnación. Para las fuerzas de seguridad y la fiscalía, la sentencia exige elevar los estándares de documentación y preservación de la evidencia digital.

Y para el sistema judicial en su conjunto, esta resolución evidencia la urgente necesidad de una regulación procesal específica para la prueba digital que proporcione seguridad jurídica a todas las partes.

Referencias y fuentes

1. elDiario.es - “Un chat desencriptado por Europol no basta: la justicia ha decidido absolver a 14 acusados de narcotráfico” - Cobertura detallada de la sentencia y sus fundamentos
2. Infobae - “La Audiencia de Valencia absuelve a los 14 acusados de una trama de narcotráfico al invalidar conversaciones en SKY” - Información de agencias sobre la resolución judicial
3. Víctor Ávila Abogado - “La Audiencia Provincial de Valencia discute la validez de SKY ECC y absuelve a 9 acusados por tráfico de drogas” - Análisis jurídico de la sentencia
4. El Español - “La justicia europea, ‘escandalizada’ por la absolución de acusados de narcotráfico al quedar invalidada la prueba” - Reacción de Europol y Eurojust
5. Escudo Legal - “Varapalo judicial a la investigación masiva de SKY ECC: el gran hermano policial se estrella en Valencia” - Análisis desde la perspectiva de derechos fundamentales
6. Sentencia del Tribunal Supremo 300/2015, de 19 de mayo - Estándar garantista para prueba digital
7. Norma ISO/IEC 27037:2012 - Directrices para la identificación, recopilación, adquisición y preservación de evidencia digital
8. Norma UNE 71505-3:2013 - Sistema de gestión de evidencias electrónicas
9. Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 588 bis a) a 588 bis k) - Diligencias de investigación tecnológica
10. Reglamento (UE) 2023/1543 del Parlamento Europeo - Orden europea de producción y conservación de pruebas electrónicas en materia penal
11. Superbia Jurídico — «La prueba digital sin garantías: comentario a la Sentencia 24/2026, de 21 de enero, de la Secc. 3.ª de la Audiencia Provincial de Valencia» — identificación completa de la resolución y sus fundamentos
12. El Español — «El TSJ valenciano revoca la absolución de 14 acusados de narcotráfico en el Puerto y válida la prueba clave» — sentencia de apelación de 23 de abril de 2026, que deja sin efecto la absolución comentada en este artículo

Nota: Este artículo constituye un análisis técnico-jurídico de una sentencia judicial pública. No pretende valorar la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino examinar los aspectos relativos a la prueba digital y el peritaje informático. La información sobre la sentencia procede de fuentes periodísticas y análisis jurídicos publicados; la resolución completa puede consultarse en el CENDOJ.