· Jonathan Izquierdo · Jurisprudencia ·
El Tribunal Supremo relaja el estándar de la prueba digital: un análisis crítico
Tres sentencias en 2025 han flexibilizado los requisitos para admitir capturas de WhatsApp en juicios. Analizamos por qué esto erosiona las garantías procesales.
Tres sentencias en seis meses. Así de rápido el Tribunal Supremo ha desmontado una década de cautelas sobre la prueba digital.
Las sentencias STS 116/2025, STS 603/2025 y STS 629/2025 han consolidado una tendencia que, como perito informático forense, considero profundamente preocupante: la flexibilización del estándar probatorio para admitir capturas de pantalla y mensajes de WhatsApp como prueba penal.
El punto de partida: STS 300/2015
Para entender lo que hemos perdido, hay que recordar de dónde veníamos.
La Sentencia del Tribunal Supremo 300/2015, de 19 de mayo, fue pionera en establecer un marco garantista para la prueba digital. Su mensaje era claro:
“Las pruebas digitales deben tratarse con todas las cautelas, dada su naturaleza potencialmente manipulable.”
La sentencia advertía de los riesgos inherentes a sistemas de mensajería como WhatsApp: suplantación de identidad, edición de contenidos, manipulación de capturas. Y establecía una regla clara: quien aporta capturas de pantalla tiene la carga de demostrar su autenticidad, normalmente mediante pericial informática.
Este enfoque era sensato. Reconocía que la prueba digital no es como la testimonial: es objetiva, almacenada digitalmente, y susceptible de verificación forense. Su apariencia de autenticidad no debería bastar.
El desmontaje progresivo
2018: La primera excepción
La STS 375/2018 introdujo una matización que parecía inocua: se podía prescindir de la pericial cuando no existiesen “dudas razonables” o cuando otros elementos del proceso corroborasen la autenticidad.
Parecía una flexibilización menor. Pero abrió la puerta.
2019: Inversión de la carga
La STS 332/2019 fue el punto de inflexión. Invirtió el principio de 2015:
- Ya no se exige al proponente acreditar la fiabilidad
- Se presume la autenticidad de las capturas
- Solo una impugnación “expresa y técnicamente fundamentada” puede cuestionarla
El rigor técnico cedía terreno a la presunción de validez.
2025: Flexibilización total
Las tres sentencias de 2025 han consolidado esta tendencia:
El nuevo estándar
La pericial informática solo es necesaria si existen “indicios racionales de manipulación”. En la práctica, los tribunales aceptan como auténticos mensajes digitales sin ninguna garantía técnica.
La STS 116/2025 llegó a permitir que la acusación subsane la ausencia de prueba pericial en un momento procesal posterior a la impugnación de la defensa. Esto rompe el equilibrio del proceso penal acusatorio.
Por qué esto es problemático
La inversión de la presunción de inocencia
El nuevo enfoque subvierte un principio fundamental: ya no se exige a la acusación que acredite, mediante herramientas forenses, la autenticidad e integridad del mensaje. Se impone a la defensa la carga de demostrar que son falsos o manipulados.
Esto es, en mi opinión, inconstitucional.
La “verosimilitud reforzada”
En la práctica, los tribunales están aplicando lo que podríamos llamar “verosimilitud reforzada”: si la captura encaja con el resto del relato probatorio, se acepta como auténtica.
Pero esto confunde coherencia narrativa con autenticidad técnica. Una prueba falsificada puede ser perfectamente coherente con una acusación falsa.
El doble rasero
Lo paradójico: para acreditar una estafa informática se exige probar número de IP, conexión a internet, códigos IMSI, metadatos. Para delitos de daños informáticos, se necesita pericial para acreditar el daño.
Pero para una condena basada en WhatsApp… ¿basta un pantallazo?
Las herramientas de manipulación ya existen
No hablo de riesgos teóricos. En 2026, las posibilidades de alterar un mensaje digital son infinitamente accesibles:
- Paint o Photoshop: edición básica, al alcance de cualquiera
- Yaazyy y similares: plataformas que simulan conversaciones completas
- IA generativa: modelos que generan capturas indistinguibles
- Deepfakes de voz: clonación de voces para audios falsos
Como señaló el TJUE en su sentencia de 9 de noviembre de 2022, los cambios sustanciales en la estrategia de acusación pueden afectar gravemente la planificación y estrategia defensiva. Permitir pruebas sin verificación técnica agrava este problema.
Qué debería cambiar
Retorno a STS 300/2015
La doctrina de 2015 sigue siendo la correcta. Las pruebas digitales deben tratarse “con todas las cautelas”. Diez años después, esa cautela es más necesaria que nunca.
Pericial como estándar mínimo
La pericial informática debe ser tan obligatoria para la prueba digital como la cadena de custodia para la prueba biológica. No se admite ADN sin laboratorio; no debería admitirse WhatsApp sin forense.
Simetría procesal
Si se exigen metadatos y análisis técnico para demostrar una estafa informática, debe exigirse lo mismo para aceptar una captura de WhatsApp como prueba de cargo.
Implicaciones prácticas
Para abogados defensores
La nueva jurisprudencia exige mayor rigor técnico en las impugnaciones. Ya no basta cuestionar genéricamente la autenticidad. Hay que argumentar:
- Ausencia de hash de integridad
- Falta de extracción forense del dispositivo
- No hay volcado de la base de datos de WhatsApp
- Metadatos no verificables
Para peritos informáticos
Paradójicamente, esta flexibilización aumenta la demanda de pericias de parte. Los abogados necesitan expertos que fundamenten técnicamente sus impugnaciones.
Para el sistema judicial
La erosión de garantías procesales en la prueba digital abre la puerta a condenas basadas en evidencia manipulable. El daño a largo plazo para la credibilidad del sistema puede ser significativo.
Conclusión
El Tribunal Supremo ha optado por la eficiencia procesal sobre las garantías técnicas. Entiendo la presión de los casos, el volumen de procedimientos, la necesidad de resolver.
Pero la jurisdicción penal debe ser la más exigente de un Estado de Derecho. Lo que está en juego es la libertad de las personas. Flexibilizar garantías en nombre de la practicidad es abrir la puerta a condenas fundadas en pruebas que podrían fabricarse con un par de clics.
No es una amenaza hipotética. Es un riesgo real y creciente. Y mientras la jurisprudencia no corrija el rumbo, la única defensa efectiva es la impugnación técnica sólida, fundamentada en pericia forense.
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