Prueba Ilícita Digital

¿Qué es la prueba ilícita digital?

La prueba ilícita digital es toda evidencia electrónica o informática obtenida con vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española de 1978. Su consecuencia procesal es radical para la prueba directamente obtenida: no surte efecto en ningún procedimiento. Para las pruebas derivadas la regla es otra, y es donde se juegan casi todos los casos: solo quedan fuera si existe conexión de antijuridicidad con la originaria, según el juicio que fijó la STC 81/1998. No es automático.

Este concepto constituye una de las garantías procesales más importantes del ordenamiento jurídico español y tiene especial relevancia en el ámbito digital, donde la obtención de evidencia electrónica puede rozar con facilidad los límites de derechos fundamentales como la intimidad, el secreto de comunicaciones o la protección de datos personales.

Fundamento constitucional

Derechos fundamentales implicados

La prueba ilícita digital se conecta directamente con varios derechos fundamentales recogidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución Española, que gozan de la máxima protección constitucional:

El artículo 18 de la Constitución Española

El artículo 18 CE es el eje central de la prueba ilícita digital. Sus cuatro apartados configuran un sistema de protección escalonado que resulta especialmente relevante en la era digital:

Artículo 18.1 CE — Intimidad personal y familiar

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. En el contexto digital, este derecho protege:

• El contenido almacenado en dispositivos electrónicos personales (teléfonos, ordenadores, tablets)
• Las fotografías, vídeos y documentos privados alojados en la nube
• Los perfiles y actividad en redes sociales configurados como privados
• Los historiales de navegación, búsquedas y actividad en internet
• Los datos biométricos almacenados en dispositivos

Artículo 18.3 CE — Secreto de comunicaciones

Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. En el entorno digital, este derecho abarca:

• Correos electrónicos (enviados, recibidos, borradores)
• Mensajes de WhatsApp, Telegram, Signal y otras aplicaciones de mensajería
• Comunicaciones por redes sociales (mensajes directos)
• Llamadas VoIP (Teams, Zoom, Meet; Skype se retiró el 5 de mayo de 2025 y solo continúa Skype for Business Server)
• Comunicaciones internas de empresa (Slack, Microsoft Teams)
• SMS y MMS

Artículo 18.4 CE — Protección de datos

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Este precepto se desarrolla mediante:

• Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales (LOPDGDD)
• Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea
• Doctrina del Tribunal Constitucional sobre autodeterminación informativa

Marco legal de la exclusión probatoria

Artículo 11.1 LOPJ: la regla de exclusión

El pilar normativo de la prueba ilícita en España es el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial:

«No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.»

Este precepto establece dos reglas fundamentales:

1. Exclusión directa: la prueba obtenida vulnerando directamente un derecho fundamental es inadmisible.
2. Exclusión indirecta (efecto reflejo): las pruebas derivadas de una prueba ilícita pueden ser inadmisibles aunque en sí mismas se obtuvieran legalmente.

Artículo 287 LEC: denuncia de ilicitud en el proceso civil

En el ámbito civil, la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil regula el procedimiento para denunciar la ilicitud de una prueba en su artículo 287:

Artículo 287.1 LEC — Iniciación del incidente

Cuando alguna de las partes entienda que en la obtención u origen de alguna prueba admitida se han vulnerado derechos fundamentales, lo pondrá de manifiesto de inmediato, con traslado, en su caso, a las demás partes.

Artículo 287 LEC — Ilicitud de la prueba

El apartado 1 obliga a alegar la ilicitud de inmediato, con traslado a las demás partes, y ordena resolver en el acto del juicio, oyendo a las partes y practicando allí mismo las pruebas pertinentes sobre ese concreto extremo; la cuestión puede suscitarla también el tribunal de oficio. El apartado 2 regula el recurso: contra esa resolución solo cabe reposición, que se interpone y se resuelve en el mismo acto, quedando a salvo reproducir la impugnación en la apelación contra la sentencia. Y el apartado 3, añadido por la LO 1/2025 con efectos desde el 3 de abril de 2025, remite al art. 438.10 LEC cuando la cuestión se suscita en juicio verbal — y ese precepto sí concreta la forma: «el tribunal resolverá por auto», contra el que cabe recurso de reposición.

El procedimiento sigue estas fases:

LECrim: el proceso penal

En el ámbito penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) regula la obtención de evidencia digital a través de varios preceptos, especialmente tras la reforma operada por la Ley Orgánica 13/2015:

Supuestos de exclusión de prueba digital

1. Acceso no autorizado a dispositivos

El acceso a un dispositivo electrónico ajeno (teléfono móvil, ordenador, tablet) sin consentimiento del titular ni autorización judicial constituye una de las causas más frecuentes de exclusión probatoria.

Escenarios típicos:

• Un cónyuge accede al teléfono móvil de su pareja sin consentimiento para obtener pruebas de infidelidad o de ocultación de patrimonio en un proceso de divorcio.
• Un empresario revisa el ordenador personal de un empleado (no el corporativo) buscando pruebas de competencia desleal.
• Un progenitor accede al dispositivo de un hijo mayor de edad sin su autorización.
• Un detective privado accede a sistemas informáticos del investigado.

Base legal de la exclusión:

El artículo 197.2 del Código Penal tipifica —siempre en perjuicio de tercero, o del titular de los datos, según la modalidad— el apoderamiento, uso o modificación, sin autorización, de datos reservados de carácter personal registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos. La pena prevista es de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Además, el artículo 588 sexies a) LECrim —«Necesidad de motivación individualizada»— exige una resolución judicial específica para acceder al contenido de un dispositivo de almacenamiento masivo, incluso cuando se incauta en el marco de un registro domiciliario autorizado.

Jurisprudencia relevante:

El artículo 588 sexies a.2 LECrim establece que incautar un teléfono durante un registro domiciliario «no legitima el acceso a su contenido», que requiere autorización judicial ulterior. En la misma línea, la STS 489/2018, de 23 de octubre (Sala 2.ª, ROJ STS 3754/2018 · ECLI:ES:TS:2018:3754) distingue la incautación del dispositivo del registro de su contenido como actos distintos.

2. Interceptación de comunicaciones sin autorización judicial

La interceptación de comunicaciones electrónicas sin autorización judicial es causa de nulidad radical de la prueba obtenida.

Escenarios típicos:

• Instalación de software espía (spyware) en el dispositivo de un tercero para capturar sus comunicaciones.
• Acceso a la cuenta de correo electrónico de otra persona utilizando credenciales obtenidas ilícitamente.
• Instalación de keyloggers para capturar contraseñas y acceder a comunicaciones.
• Uso de dispositivos IMSI-catcher para interceptar comunicaciones móviles.
• Grabación de conversaciones telefónicas por un tercero no participante.

Base legal de la exclusión:

El artículo 18.3 CE garantiza el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial. Los artículos 588 ter a) a i) LECrim regulan con detalle los requisitos de la interceptación de comunicaciones telemáticas:

• Auto judicial motivado que exprese la proporcionalidad de la medida
• Indicación de los delitos investigados (delitos dolosos castigados con pena máxima de al menos tres años de prisión)
• Identificación del sujeto investigado
• Plazo máximo de tres meses, prorrogable por períodos iguales hasta un máximo de dieciocho meses
• Control judicial efectivo de la medida

Excepción importante — El interlocutor legítimo:

La grabación de una conversación por uno de los interlocutores (no por un tercero) generalmente no vulnera el secreto de comunicaciones. El Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que quien graba su propia conversación no infringe el artículo 18.3 CE (STC 114/1984, STC 56/2003).

3. Vulneración de la intimidad: datos personales

Un tratamiento de datos sin base legal es una infracción del RGPD, y eso ya tiene su propia vía. Pero conviene no dar el salto automático: el art. 11.1 LOPJ y el art. 287.1 LEC exigen la vulneración de un derecho fundamental, y no toda irregularidad en protección de datos alcanza el art. 18.4 CE. La exclusión probatoria hay que argumentarla, no deducirla del incumplimiento.

Escenarios típicos:

• Obtención de datos de geolocalización de un empleado a través de su dispositivo personal sin su conocimiento.
• Acceso a historiales médicos electrónicos sin autorización del titular.
• Tratamiento de datos biométricos (huella dactilar, reconocimiento facial) sin consentimiento.
• Obtención de datos bancarios a través de empleados de entidades financieras sin orden judicial.
• Rastreo de actividad en internet de un empleado en equipos personales.

Base legal de la exclusión:

• Artículo 18.1 y 18.4 CE (intimidad y protección de datos)
• RGPD, artículos 5 y 6 (principios y bases de licitud del tratamiento)
• LOPDGDD, artículos 4 a 10 (principios de protección de datos)
• Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen

4. Registros domiciliarios digitales sin autorización

El registro de equipos informáticos ubicados en un domicilio requiere doble autorización judicial: una para la entrada en el domicilio (art. 18.2 CE) y otra específica para el examen del contenido de los dispositivos.

Jurisprudencia clave — STS 342/2013, de 17 de abril (Sala de lo Penal, ponente Manuel Marchena Gómez, rec. 1461/2012 — ROJ STS 2222/2013 · ECLI:ES:TS:2013:2222), que el CENDOJ resume como «Obtención de la dirección IP. Incautación y registro de ordenadores. Volcado»:

⚠️ Conviene leerla antes de invocarla, porque suele citarse para lo contrario de lo que dice. El recurrente alegaba nulidad del volcado por tres motivos —ausencia del letrado de la Administración de Justicia, ausencia del imputado y de su abogado, y falta de constancia de la metodología técnica empleada— y el Supremo rechazó los tres (texto íntegro):

«La presencia del fedatario judicial en el acto del volcado de datos no actúa como presupuesto de validez de su práctica.»

«El motivo también reprocha la ausencia del interesado y su Letrado en el acto del volcado, así como la falta de expresión de los instrumentos técnicos empleados […]. Ninguna de estas objeciones tiene alcance constitucional.»

Lo que sí es decisivo, y es la frase que conviene llevarse a un informe:

«Lo decisivo es que […] queden descartadas las dudas sobre la integridad de los datos y sobre la correlación entre la información aprehendida en el acto de intervención y la que se obtiene mediante el volcado.»

Es decir: el Supremo desplaza el debate de la forma al resultado. No exige un ritual de presencias, exige que se pueda demostrar que lo analizado es lo incautado y que no se ha alterado — que es exactamente lo que acredita un hash y una cadena de custodia documentada.

Y añade el corolario que a un perito de parte le interesa: el acusado «contaba con la posibilidad —formalmente ejercida en el plenario— de proponer su propio perito para cuestionar todos aquellos aspectos del volcado que considerara oportuno». La vía para atacar un volcado no es la nulidad por defectos de forma: es el contradictorio técnico.

(La exigencia de resolución judicial motivada y específica para acceder al contenido de un dispositivo no procede de esta sentencia, que es de 2013, sino del art. 588 sexies a LECrim, introducido por la LO 13/2015 — y desarrollado por la STS 489/2018.)

5. Rotura de la cadena de custodia

La cadena de custodia no es en sí misma un derecho fundamental, pero su rotura puede generar la exclusión práctica de la prueba digital.

Diferencia conceptual importante:

• Prueba ilícita (stricto sensu): obtenida vulnerando derechos fundamentales → nulidad radical, exclusión automática.
• Prueba irregular: obtenida con defectos procesales (como rotura de cadena de custodia) → no necesariamente nula, pero puede perder valor probatorio.

Cuándo la rotura de cadena de custodia excluye la prueba:

El Tribunal Supremo ha matizado su doctrina en diversas sentencias:

La línea consolidada distingue entre prueba ilícita —la obtenida vulnerando derechos fundamentales, que arrastra la exclusión del artículo 11.1 LOPJ— y prueba irregular, la que infringe normas procesales ordinarias sin rango constitucional. La rotura de la cadena de custodia pertenece en principio al segundo grupo: no genera ilicitud automática, sino que afecta a la fiabilidad de la evidencia y, por tanto, a su valor probatorio dentro de la libre valoración (sana crítica).

La STS 587/2014, de 18 de julio (Sala Segunda, ponente Manuel Marchena Gómez, rec. 11124/2013 — ROJ STS 3086/2014 · ECLI:ES:TS:2014:3086) lo formula así: «no puede resolverse conforme a una concepción burocratizada, con arreglo a la cual cualquier omisión de las previsiones de aquella norma haya de conducir de forma irremediable a la nulidad probatoria». Lo decisivo es si esa irregularidad «es idónea para despertar dudas sobre la autenticidad o indemnidad de la fuente de prueba». Y la frase que zanja el debate, en el mismo párrafo, es la que menos se cita:

«Irregularidad en los protocolos establecidos como garantía para la cadena de custodia no equivale a nulidad. […] No es una cuestión de nulidad o inutilizabilidad, sino de fiabilidad»

Es decir: la custodia rota no se discute en el trámite de ilicitud, se discute en la valoración. Quien la impugna como nulidad se equivoca de puerta; quien la ataca por fiabilidad —con un informe que muestre qué pudo alterarse y cómo— juega donde el tribunal decide de verdad.

Indicadores de rotura relevante en evidencia digital:

6. Grabaciones ilícitas

Las grabaciones de audio y vídeo son una fuente frecuente de prueba digital que puede resultar ilícita según las circunstancias de su obtención.

Reglas generales:

Jurisprudencia relevante sobre grabaciones:

La STC 29/2013 otorgó el amparo por lesión del art. 18.4 CE: la Universidad de Sevilla usó las imágenes de sus cámaras para sancionar a un empleado sin haberle informado previamente de esa finalidad concreta. El Tribunal dijo expresamente que, apreciada esa falta de información, «no es preciso» examinar la proporcionalidad de la medida — el fallo anuló las sentencias y la resolución sancionadora, no una prueba aislada.

La STEDH López Ribalda y otros c. España (2019) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos matizó la doctrina, admitiendo la videovigilancia encubierta de empleados cuando existen sospechas razonables de irregularidades graves, la medida es proporcionada y no existen alternativas menos invasivas.

7. Obtención ilícita de datos en redes sociales

Las redes sociales plantean problemas específicos de licitud probatoria:

Contenido público vs. privado:

La doctrina del fruto del árbol envenenado

Origen y recepción en España

La doctrina del «fruto del árbol envenenado» (fruit of the poisonous tree) tiene su origen en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos (caso Silverthorne Lumber Co. v. United States, 1920, y Wong Sun v. United States, 1963).

En España, esta doctrina fue recibida e incorporada al ordenamiento jurídico a través de:

1. El artículo 11.1 LOPJ (1985), que establece la exclusión directa e indirecta.
2. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, especialmente a partir de la STC 114/1984.
3. La doctrina de la «conexión de antijuridicidad» desarrollada por el Tribunal Constitucional.

Funcionamiento de la exclusión refleja

La doctrina opera en dos niveles:

Nivel 1 — Exclusión directa:

La prueba obtenida directamente con vulneración de derechos fundamentales es nula e inadmisible. Por ejemplo: los archivos extraídos de un ordenador registrado sin autorización judicial.

Nivel 2 — Exclusión indirecta (efecto reflejo):

Las pruebas obtenidas legalmente pero que traen causa de una prueba ilícita pueden quedar excluidas, si el tribunal aprecia conexión de antijuridicidad. Por ejemplo: una confesión obtenida confrontando al sospechoso con evidencias extraídas ilícitamente de su ordenador — y es justamente ese supuesto el que la STC 81/1998 resolvió sin excluir la confesión, por prestarse con asistencia letrada e información de derechos.

Esquema de la exclusión refleja:

Prueba ilícita originaria (árbol envenenado)
│
├── Prueba derivada directa (fruto directo) → EXCLUIDA
│   │
│   └── Prueba derivada de la derivada → EXCLUIDA (si hay conexión de antijuridicidad)
│
└── Prueba derivada indirecta (fruto indirecto)
    │
    ├── Con conexión de antijuridicidad → EXCLUIDA
    │
    └── Sin conexión de antijuridicidad → ADMISIBLE (doctrina STC 81/1998)

La conexión de antijuridicidad (STC 81/1998)

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 81/1998, de 2 de abril (Pleno, recurso de amparo 3.140/1994), introdujo la doctrina de la «conexión de antijuridicidad» como criterio para determinar cuándo una prueba derivada debe ser excluida y cuándo puede ser admitida. Su formulación:

«Habrá que establecer un nexo entre unas y otras que permita afirmar que la ilegitimidad constitucional de las primeras se extiende también a las segundas (conexión de antijuridicidad). En la presencia o ausencia de esa conexión reside, pues, la ratio de la interdicción de valoración de las pruebas obtenidas a partir del conocimiento derivado de otras que vulneran el derecho al secreto de las comunicaciones.»

El propio Tribunal indica cómo se comprueba, y conviene citarlo así porque es el esquema que sigue una impugnación: hay que mirar «en primer término la índole y características de la vulneración… con el fin de determinar si, desde un punto de vista interno, su inconstitucionalidad se transmite o no a la prueba obtenida por derivación», y además, «desde una perspectiva que pudiéramos denominar externa, las necesidades esenciales de tutela que la realidad y efectividad del derecho… exige». Solo si fallan las dos —la prueba refleja es ajena a la vulneración y excluirla no viene exigido por la tutela del derecho— cabe valorarla.

Según esta doctrina, para que la exclusión refleja opere, debe existir una doble conexión entre la prueba ilícita originaria y la prueba derivada:

1. Conexión natural (causal): la prueba derivada debe tener su origen fáctico en la prueba ilícita. Es decir, sin la prueba ilícita no se habría obtenido la derivada.

2. Conexión jurídica (de antijuridicidad): la prueba derivada debe participar de la misma ilicitud que la originaria. No basta con la conexión causal; es necesario que la admisión de la prueba derivada suponga, en la práctica, tolerar la vulneración del derecho fundamental.

Si falta la conexión jurídica (aunque exista la causal), la prueba derivada puede ser admitida. Esta doctrina ha sido objeto de críticas por parte de la doctrina académica, al considerar que flexibiliza en exceso la regla de exclusión.

Excepciones a la exclusión refleja

Se manejan varias excepciones a la doctrina del fruto del árbol envenenado. Conviene saber de dónde viene cada una: las que llevan asterisco proceden de la exclusionary rule estadounidense. La Sala Segunda sí las nombra —la STS 489/2018 enumera en sus FFJJ 13-17 la buena fe, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable—, pero el punto de partida en España es el art. 11.1 LOPJ y el criterio operativo sigue siendo la conexión de antijuridicidad: no funcionan como excepciones autónomas con vida propia, sino dentro de ese juicio. Invocarlas como si fueran categorías del derecho español es el error que la contraparte aprovecha.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo

STS 587/2014, de 18 de julio — qué pasa cuando la custodia falla

Doctrina (El caso resolvía sobre la cadena de custodia de restos óseos y muestras biológicas en un procedimiento de jurado por asesinato, no sobre prueba digital: el criterio se traslada por analogía, y conviene decirlo al invocarlo.): la Sala Segunda —ponente Manuel Marchena Gómez, recurso 11124/2013, ROJ STS 3086/2014 · ECLI:ES:TS:2014:3086— fija el criterio en una frase que conviene tener a mano al impugnar o defender una pericial: «no puede resolverse conforme a una concepción burocratizada, con arreglo a la cual cualquier omisión de las previsiones de aquella norma haya de conducir de forma irremediable a la nulidad probatoria». El incumplimiento de los protocolos no puede resolverse, dice la sentencia, «conforme a una concepción burocratizada, con arreglo a la cual cualquier omisión […] haya de conducir de forma irremediable a la nulidad probatoria».

Lo que hay que demostrar es otra cosa: si la irregularidad concreta «es idónea para despertar dudas sobre la autenticidad o indemnidad de la fuente de prueba». La cadena de custodia garantiza la mismidad —que lo analizado es lo mismo que se intervino—, de modo que el debate no es formal sino de fiabilidad.

Qué significa esto para un peritaje informático: no basta con señalar que falta un eslabón documental. Hay que explicar por qué ese hueco concreto pudo alterar la evidencia — un volcado sin hash calculado en el momento de la intervención, un dispositivo encendido y manipulado antes del clonado, un periodo de custodia en el que el soporte estuvo accesible. Esa es la diferencia entre una impugnación que prospera y una que el tribunal despacha como burocrática.

STS 116/2017, de 23 de febrero — el caso Falciani

Hechos: un empleado del banco suizo HSBC sustrajo ficheros informáticos con datos de clientes. Las autoridades fiscales francesas los incautaron en un registro judicial y los remitieron a la Agencia Tributaria española, que los empleó para fundar una condena por delito fiscal. La defensa alegó que la prueba nacía de una vulneración de derechos fundamentales y debía excluirse conforme al artículo 11.1 LOPJ.

Doctrina (texto íntegro): la Sala Segunda —ponente Manuel Marchena Gómez, recurso 1281/2016— acotó el alcance de la regla de exclusión con una formulación que conviene retener entera, porque sus dos condiciones son el todo:

«La posibilidad de valoración de una fuente de prueba obtenida por un particular con absoluta desconexión de toda actividad estatal y ajena en su origen a la voluntad de prefabricar pruebas, no necesita ser objeto de un enunciado legal que así lo proclame.»

El fundamento lo explicita: «la regla de exclusión sólo adquiere sentido como elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito», y «no persigue sobreproteger al delincuente que se ve encausado con el respaldo de pruebas que le han sido arrebatadas por un particular que cuando actuaba no pensaba directamente en prefabricar elementos de cargo». Sobre esa base admitió la validez de la «lista Falciani».

La conversación que aporta uno de los que la mantuvieron

Es la situación más frecuente de todas —un cliente llega con su propio chat— y tiene respuesta expresa en la STS 864/2015, de 10 de diciembre (Sala Segunda, ponente Antonio del Moral, ROJ STS 5809/2015, texto íntegro), con dos ideas que conviene tener a mano.

Primera: el secreto de las comunicaciones se agota cuando el mensaje llega.

«El derecho al secreto de las comunicaciones rige mientras se desarrolla el proceso de comunicación. Una vez cesado éste, llegado el mensaje al receptor, salimos del ámbito del art. 18.3 CE, sin perjuicio, en su caso, del derecho a la intimidad proclamado en el número 1 del mismo precepto, aunque en este segundo supuesto sin supeditación constitucional imperativa a la autorización judicial.»

Un WhatsApp almacenado en un terminal ya no es «comunicación» a efectos del art. 18.3: es intimidad del art. 18.1. La diferencia no es académica — decide si hace falta autorización judicial como exigencia constitucional o basta una ponderación.

Segunda: quien participó en la conversación puede aportarla.

«El art. 18 CE no garantiza el secreto de los pensamientos que una persona ha transmitido a otra, por lo que el receptor es libre de transmitir estas comunicaciones a terceros.»

Y el Supremo lo extiende a quien accede legítimamente a ese ámbito: «si la afectación a la intimidad proviene de un particular que está autorizado para acceder a ese ámbito de privacidad, que desvela, aunque abuse de la confianza concedida, no se activa la garantía reforzada del art. 11.1 LOPJ».

(En aquel caso se convalidó el acceso de una madre a la cuenta de Facebook de su hija de 15 años, cuya contraseña poseía, ante signos claros de una actividad delictiva en curso contra la menor y con el argumento añadido de que se trataba de actividad «no agotada, sino viva»: el objetivo prioritario era hacerla cesar.)

Por qué importa a un perito, y dónde está el límite: es la resolución que hay que conocer cuando la evidencia digital llega al procedimiento de la mano de un particular, que es la vía por la que entra buena parte de la prueba informática en España. Pero la segunda condición es la que decide, y es justo la que suele omitirse al citarla: el particular debe haber actuado sin la voluntad de prefabricar prueba.

Falciani sustrajo los ficheros años antes y por motivos ajenos al proceso español. No es el mismo supuesto que el de quien, ya en conflicto y anticipando el pleito, accede al buzón de un socio o al teléfono de su expareja para obtener munición: ahí la finalidad probatoria está presente desde el origen, y la doctrina no ampara ese caso. Antes de invocarla conviene poder situar en el tiempo cuándo se obtuvo el material y con qué propósito, que es una pregunta de hecho — y es exactamente lo que un informe pericial puede documentar con marcas temporales.

El registro del dispositivo necesita su propia motivación (art. 588 sexies a LECrim)

Es la regla que más impugnaciones sostiene, y no procede de una sentencia sino de la ley. Desde la reforma operada por la Ley Orgánica 13/2015, en vigor el 6 de diciembre de 2015, el artículo 588 sexies a LECrim obliga a que la resolución judicial motive de forma individualizada el acceso a la información contenida en ordenadores, teléfonos y dispositivos de almacenamiento masivo, y separa con nitidez dos actos:

«La simple incautación de cualquiera de los dispositivos a los que se refiere el apartado anterior, practicada durante el transcurso de la diligencia de registro domiciliario, no legitima el acceso a su contenido, sin perjuicio de que dicho acceso pueda ser autorizado ulteriormente por el juez competente.»

El artículo 588 sexies b aplica la misma exigencia a los dispositivos aprehendidos con independencia de un registro domiciliario. Para el perito, la consecuencia práctica: antes de discutir la cadena de custodia conviene comprobar qué resolución amparó el acceso al contenido, porque un volcado hecho solo al amparo del auto de entrada y registro nace discutido.

El control del equipo del empleado (art. 20.3 ET y art. 87 LOPDGDD)

En el ámbito laboral la facultad de control existe, pero está condicionada. El artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores permite al empresario «adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad».

Y desde 2018 la condición es expresa: el artículo 87 de la LO 3/2018 reconoce al trabajador el derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos que le facilita la empresa, permite el acceso «a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales… y de garantizar la integridad de dichos dispositivos», y añade una obligación que decide la mayoría de los casos:

«Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales… En su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores.»

Es decir: la titularidad del equipo no basta. Sin criterios de uso establecidos y conocidos, el acceso queda sin la cobertura que la ley exige, y la discusión se traslada a la expectativa razonable de privacidad del trabajador.

STC 170/2013: la «expectativa razonable de privacidad»

El Tribunal Constitucional consolidó el concepto de expectativa razonable de privacidad (reasonable expectation of privacy), importado del derecho anglosajón, como criterio determinante:

• La expectativa razonable de privacidad es un elemento del juicio, no su conclusión: pesa junto con la información previa dada al usuario, la finalidad y la proporcionalidad del acceso.
• La expectativa se evalúa caso por caso, considerando: la titularidad del dispositivo, la existencia de políticas de uso, la configuración de privacidad, y las circunstancias del acceso.
• La mera titularidad del dispositivo (por ejemplo, que sea propiedad de la empresa) no elimina automáticamente la expectativa de privacidad del usuario.

Prueba ilícita en el ámbito laboral

Problemática específica

El entorno laboral es uno de los ámbitos donde más frecuentemente se plantean cuestiones de prueba ilícita digital. Las tensiones entre el poder de dirección del empresario (art. 20.3 ET) y los derechos fundamentales del trabajador generan un terreno complejo.

Escenarios habituales:

Test de proporcionalidad (doctrina Barbulescu)

La STEDH Barbulescu c. Rumanía (Gran Sala, 2017) estableció un test de seis factores que los tribunales españoles han incorporado para evaluar la licitud de la monitorización empresarial:

La doctrina del Tribunal Supremo sobre control empresarial informático

La STS 489/2018, de 23 de octubre (Tribunal Supremo, Sala de lo Penal — ROJ STS 3754/2018 · ECLI:ES:TS:2018:3754) consolidó los requisitos para que el control empresarial del uso de medios informáticos sea lícito. Conviene la precisión: la 489/2018 de la Sala de lo Social existe también, pero es de 9 de mayo y resuelve un conflicto colectivo de REPSOL sobre prácticas externas. Requisitos:

1. Existencia de política de uso: La empresa debe tener una política clara, escrita y comunicada al trabajador sobre el uso aceptable de los medios informáticos.

2. Información sobre monitorización: El trabajador debe ser informado de que la empresa puede monitorizar el uso de los equipos y del alcance de dicha monitorización.

3. Proporcionalidad de la medida: El control debe ser proporcionado al fin perseguido, limitándose a lo estrictamente necesario.

4. Respeto a la dignidad: La monitorización no puede ser vejatoria ni atentar contra la dignidad del trabajador.

Y lo que resolvió el caso, que es lo que menos se cuenta: el Supremo estimó el recurso, casó y anuló la sentencia (texto íntegro). La empresa había actuado con toda la apariencia de rigor —un perito, con presencia notarial, obtuvo una copia espejo del ordenador del directivo, al día siguiente de despedirlo—, y aun así la prueba no se sostuvo, porque faltaban las condiciones previas: no había prohibición de uso personal, ni advertencia de que la empresa se reservara la facultad de examinar el equipo, ni consentimiento.

Notario y perito no legitiman un acceso que no estaba anunciado. Legitiman la integridad de la copia, que es otra cosa.

Y una precisión del texto que desmonta el argumento más repetido: no quedó demostrado que el ordenador fuera de la empresa, y el tribunal zanja que ese dato «es irrelevante […]: lo importante […] no es la titularidad real, sino quién sea el usuario, y si lo era o no con exclusividad». Que el equipo sea de la empresa no abre por sí solo su contenido.

Prueba ilícita en el ámbito penal digital

Requisitos de las medidas de investigación tecnológica

Tras la reforma de la LECrim por LO 13/2015, las medidas de investigación tecnológica deben cumplir requisitos estrictos:

Principios generales (art. 588 bis a LECrim):

Contenido del auto judicial habilitante (art. 588 bis c LECrim):

El auto judicial que autorice una medida de investigación tecnológica debe contener, como mínimo:

• El hecho punible objeto de investigación y su calificación jurídica
• La identidad de los investigados y de cualquier otro afectado, si es conocida
• La extensión de la medida y su alcance, con especificación de su contenido
• La unidad investigadora de la Policía Judicial responsable
• La duración de la medida
• La forma y la periodicidad con la que el solicitante informará al juez sobre los resultados
• La finalidad perseguida con la medida
• El sujeto obligado a prestar la colaboración y el alcance de esa obligación, con mención expresa del deber de guardar secreto cuando proceda

Y conviene distinguirlo de la solicitud policial: sus requisitos están en el art. 588 bis b y no son los mismos que los del auto.

Nulidad de la investigación tecnológica

La ausencia de cualquiera de los requisitos legales puede determinar la nulidad de la medida y, por extensión, de todas las pruebas obtenidas:

El papel del perito informático

Funciones del perito en la detección de prueba ilícita

El perito informático forense desempeña un papel crucial en la identificación de posibles vulneraciones de derechos fundamentales en la obtención de evidencia digital. Sus funciones incluyen:

Indicadores técnicos de obtención ilícita

El perito informático puede identificar diversos indicadores técnicos que sugieren una obtención ilícita de la evidencia digital:

Guía práctica para abogados: impugnación de prueba digital

Antes del juicio

Durante el juicio

Modelo de alegación de ilicitud probatoria

Estructura recomendada para el escrito de impugnación:

1. Identificación de la prueba impugnada: descripción precisa del elemento de prueba digital cuya exclusión se solicita.

2. Hechos relevantes: narración de cómo se obtuvo la prueba, identificando los actos que suponen vulneración de derechos fundamentales.

3. Fundamentación jurídica:

   • Derecho fundamental vulnerado (art. 18 CE: intimidad, secreto comunicaciones, inviolabilidad domicilio)
   • Norma infringida (LECrim, LOPJ, LOPDGDD)
   • Artículo 11.1 LOPJ (regla de exclusión)
   • Jurisprudencia aplicable (STS, STC, STEDH)

4. Alcance de la exclusión: solicitar la exclusión de la prueba directa y de aquellas derivadas en las que concurra conexión de antijuridicidad, razonando esa conexión una por una. Pedir «todas» sin ese razonamiento es lo que la STC 81/1998 no ampara: no basta el vínculo causal.

5. Peritaje de soporte: referencias al informe pericial que acredita los defectos técnicos en la obtención o custodia de la evidencia.

6. Petición: solicitud expresa de exclusión de la prueba directa y de las derivadas cuya conexión de antijuridicidad se haya justificado.

Prevención: cómo obtener evidencia digital de forma lícita

Para empresas

Para particulares

Herramientas de preservación lícita

Diferencia entre prueba ilícita y prueba irregular

Es fundamental distinguir entre estos dos conceptos, pues sus consecuencias procesales son radicalmente diferentes:

Legislación de referencia completa

Constitución Española

• Artículo 10: Dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad
• Artículo 18.1: Derecho a la intimidad personal y familiar
• Artículo 18.2: Inviolabilidad del domicilio
• Artículo 18.3: Secreto de las comunicaciones
• Artículo 18.4: Protección frente al uso de la informática
• Artículo 24.1: Derecho a la tutela judicial efectiva
• Artículo 24.2: Derecho a un proceso con todas las garantías

Leyes orgánicas y ordinarias

• LOPJ (LO 6/1985): Artículo 11.1 (regla de exclusión)
• LECrim (RD 14/9/1882, reformada por LO 13/2015): Artículos 588 bis a) a 588 septies c) (investigación tecnológica)
• LEC (Ley 1/2000): Artículos 283 (impertinencia), 287 (ilicitud de la prueba), 299-384 (medios de prueba)
• Código Penal (LO 10/1995): Artículos 197-197 quinquies (descubrimiento y revelación de secretos)
• LOPDGDD (LO 3/2018): Protección de datos personales y garantía de derechos digitales
• RGPD (Reglamento UE 2016/679): Principios y bases de licitud del tratamiento de datos
• LO 13/2015: Reforma de la LECrim en materia de investigación tecnológica
• Real Decreto-ley 6/2023: marco vigente de la digitalización de la Administración de Justicia, que derogó la Ley 18/2011
• Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015): Artículo 20.3 (poder de dirección y control), y, para los derechos digitales, la LOPDGDD: art. 87 (intimidad ante el uso de dispositivos), art. 88 (desconexión digital), art. 89 (videovigilancia y grabación de sonidos) y art. 90 (geolocalización). El art. 87 del ET se titula «Legitimación» y trata de quién puede negociar convenios

Preguntas frecuentes ampliadas

¿Las pruebas obtenidas por un detective privado pueden ser ilícitas?

Sí. Los detectives privados están sujetos a la Ley 5/2014, de Seguridad Privada y no pueden vulnerar derechos fundamentales en sus investigaciones. No pueden acceder a dispositivos ajenos, interceptar comunicaciones ni acceder a información protegida sin autorización. Las pruebas obtenidas con vulneración de estas limitaciones son ilícitas conforme al artículo 11.1 LOPJ.

¿Puede un juez admitir una prueba ilícita si es la única prueba del delito?

No. El artículo 11.1 LOPJ no contempla excepciones basadas en la gravedad del delito o la ausencia de otras pruebas. No hay una excepción por gravedad. Lo que sí ha matizado el Supremo —STS 116/2017, el caso Falciani— es el automatismo: la finalidad disuasoria del art. 11.1 se conecta con los excesos del Estado, de modo que el material obtenido por un particular al margen de cualquier encargo público y sin voluntad de prefabricar prueba puede llegar a valorarse. No es una puerta abierta: son dos condiciones que hay que acreditar. Respecto de las pruebas derivadas rige la doctrina de la conexión de antijuridicidad (STC 81/1998): si la prueba refleja resulta jurídicamente ajena a la vulneración y excluirla no viene exigido por la tutela del derecho, puede llegar a valorarse. El «descubrimiento inevitable» y la «fuente independiente» proceden del derecho estadounidense y no operan aquí como excepciones autónomas.

¿La prueba ilícita puede hacerse valer en otro proceso?

No. La ilicitud de la prueba no se limita al proceso en el que fue obtenida. Una prueba declarada ilícita en un proceso penal no puede ser aportada como prueba lícita en un proceso civil posterior. La contaminación de la ilicitud acompaña a la prueba independientemente del proceso en que se pretenda utilizar.

¿Qué pasa si la prueba ilícita beneficia al acusado?

Esta cuestión es controvertida. Un sector de la doctrina y jurisprudencia sostiene que la prueba ilícita a favor del acusado podría admitirse por aplicación del principio pro reo y del derecho de defensa (art. 24 CE). Sin embargo, no existe unanimidad doctrinal ni jurisprudencial al respecto, y la respuesta dependerá de las circunstancias de cada caso.

¿Puede anularse una sentencia firme por basarse en prueba ilícita?

Depende, y no hay una vía general. El recurso de revisión del art. 954 LECrim tiene causas tasadas —falsedad o prevaricación declaradas, doble sentencia, hechos o pruebas nuevas favorables al condenado, o una sentencia del TEDH con requisitos—: «prueba ilícita no detectada» no figura entre ellas, aunque un caso concreto pueda encajar en alguna. El amparo del art. 44 LOTC exige haber agotado la vía judicial, que la vulneración sea imputable de modo inmediato al órgano judicial, haberla denunciado en cuanto hubo ocasión y presentarlo en 30 días. Ninguna de las dos se abre por el mero hecho de que la sentencia se basara en prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales y esta vulneración no fue detectada ni corregida durante el proceso.

Tres supuestos frecuentes y la regla que los resuelve

Son las tres situaciones que más llegan a un despacho pericial. No son resoluciones concretas, sino supuestos tipo con la norma aplicable: lo que decida un tribunal dependerá siempre de las circunstancias del caso.

1. Un cónyuge accede al móvil del otro

Situación: en un divorcio, una parte quiere aportar mensajes obtenidos del teléfono de la otra, desbloqueado sin su consentimiento.

La regla: el matrimonio no crea un título de acceso. Rigen el artículo 18.1 y 18.3 CE —intimidad y secreto de las comunicaciones— y, en el plano penal, el artículo 197 del Código Penal, que castiga apoderarse de mensajes de otro para descubrir sus secretos. La prueba así obtenida se expone a la nulidad del artículo 11.1 LOPJ y quien la aporta, a una denuncia.

La vía correcta: pedir al juzgado las diligencias y medidas de investigación patrimonial que procedan, en lugar de obtener el dato por cuenta propia.

2. La empresa entra en el correo del empleado sin política previa

Situación: se sospecha una fuga de información y se accede al buzón corporativo sin haber advertido nunca de que ese control podía producirse.

La regla: el criterio decisivo es la expectativa razonable de privacidad. Cuando la empresa ha comunicado con claridad las reglas de uso y la posibilidad de control, esa expectativa se reduce; cuando no ha advertido nada, no desaparece por el hecho de que el equipo sea de la empresa. El estándar europeo es el test que el TEDH fijó en Bărbulescu c. Rumanía (Gran Sala, 5 de septiembre de 2017), que pondera seis factores, entre ellos la notificación previa, el alcance del control y si existían medios menos intrusivos.

La vía correcta: política de uso comunicada y acreditable antes del control, y una intervención proporcionada al indicio.

3. Registro del móvil hallado en un registro domiciliario

Situación: la policía entra en un domicilio con autorización judicial, encuentra un teléfono y examina su contenido sin pedir nada más.

La regla, y aquí la ley es literal. El artículo 588 sexies a LECrim, añadido por la Ley Orgánica 13/2015 y en vigor desde el 6 de diciembre de 2015, exige que la resolución judicial extienda su razonamiento a las razones que legitiman el acceso a la información del dispositivo, y añade:

«La simple incautación de cualquiera de los dispositivos a los que se refiere el apartado anterior, practicada durante el transcurso de la diligencia de registro domiciliario, no legitima el acceso a su contenido, sin perjuicio de que dicho acceso pueda ser autorizado ulteriormente por el juez competente.»

El artículo 588 sexies b extiende la misma exigencia a los dispositivos aprehendidos fuera de un registro domiciliario.

Lo que importa a efectos periciales: incautar no es acceder. Si el volcado se practicó al amparo del auto de entrada y registro, sin resolución que motive el acceso al contenido, ahí hay un punto de impugnación antes incluso de discutir la cadena de custodia.

Prueba ilícita digital en el contexto internacional

Comparativa con otros ordenamientos

La regulación de la prueba ilícita digital varía significativamente entre sistemas jurídicos. El cuadro siguiente resume el precepto de cabecera de cada uno a título orientativo: no he abierto la jurisprudencia de esos países, así que las columnas de alcance y excepciones son una aproximación y no deben citarse en un escrito sin contrastarlas. Comprender estas diferencias es relevante en casos transfronterizos y en la cooperación judicial internacional:

Implicaciones en casos transfronterizos

En la era digital, es frecuente que la evidencia se encuentre almacenada en servidores ubicados en otros países, lo que plantea cuestiones complejas:

Conflicto de leyes aplicables:

• ¿Se aplica la ley del país donde se obtuvo la evidencia o la del país donde se pretende utilizar?
• ¿Qué ocurre si la obtención es lícita en el país de origen pero ilícita según el derecho español?
• ¿Cómo se evalúa la cadena de custodia cuando intervienen autoridades de varios países?

Instrumentos de cooperación internacional:

La prueba ilícita digital en la era de la inteligencia artificial

Nuevos desafíos tecnológicos

La inteligencia artificial y las tecnologías emergentes plantean nuevos escenarios de prueba ilícita que el ordenamiento jurídico aún no ha resuelto plenamente:

Reconocimiento facial:

• La obtención de datos biométricos mediante reconocimiento facial sin consentimiento puede vulnerar el artículo 18 CE y la normativa de protección de datos.
• El RGPD clasifica los datos biométricos como categoría especial (art. 9) cuando se tratan para identificar de manera unívoca a una persona. El apartado 2 recoge diez excepciones que levantan la prohibición; el consentimiento explícito es una de ellas, no la única.
• Las pruebas obtenidas mediante sistemas de reconocimiento facial desplegados sin base legal pueden ser declaradas ilícitas, pero hay que acreditar que la infracción alcanza el derecho fundamental del art. 18.4 CE: no basta con invocar el incumplimiento del RGPD.

Análisis predictivo y perfilado:

• El uso de algoritmos de IA para analizar patrones de comportamiento digital puede constituir un tratamiento de datos personales que requiere base legal.
• Si el perfilado se realiza sin consentimiento ni habilitación legal, las conclusiones derivadas podrían tener problemas de admisibilidad.

Deepfakes y evidencia manipulada:

• La capacidad de la IA para generar contenido falso altamente realista (deepfakes) plantea el problema inverso: la necesidad de verificar la autenticidad de la evidencia digital aportada.
• El perito informático adquiere un papel crucial en la detección de evidencia digital manipulada mediante IA generativa.

Protección de datos y tratamiento automatizado

El artículo 22 del RGPD se refiere a una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos sobre la persona o la afecte de modo similarmente significativo. Una herramienta que rastrea o clasifica evidencia no cumple por sí sola ese supuesto. Lo que sí aplica al tratamiento automatizado en la prueba digital son los principios generales:

• La obtención automatizada de evidencia (crawling, scraping, monitorización masiva) debe respetar los principios de proporcionalidad y minimización de datos.
• El tratamiento masivo de datos personales para obtener evidencia en un caso concreto puede vulnerar el principio de proporcionalidad.
• Las herramientas forenses que analizan grandes volúmenes de datos deben configurarse para minimizar la exposición de datos no relevantes para el caso.

Protocolo de actuación ante sospecha de prueba ilícita

Diagrama de decisión

A continuación se presenta un diagrama de decisión para evaluar si una prueba digital puede ser ilícita:

¿La prueba se obtuvo vulnerando un derecho fundamental?
│
├── SÍ → ¿Qué derecho se vulneró?
│   │
│   ├── Intimidad (art. 18.1 CE) → PRUEBA ILÍCITA
│   ├── Inviolabilidad domicilio (art. 18.2 CE) → PRUEBA ILÍCITA
│   ├── Secreto comunicaciones (art. 18.3 CE) → PRUEBA ILÍCITA
│   ├── Protección datos (art. 18.4 CE) → PRUEBA ILÍCITA si la infracción alcanza el derecho fundamental
│   └── Tutela judicial (art. 24 CE) → PRUEBA ILÍCITA
│
│   → ¿Existen pruebas derivadas?
│   │
│   ├── SÍ → ¿Existe conexión de antijuridicidad?
│   │   │
│   │   ├── SÍ → PRUEBAS DERIVADAS TAMBIÉN ILÍCITAS
│   │   └── NO → Pruebas derivadas ADMISIBLES (STC 81/1998)
│   │
│   └── NO → Solo se excluye la prueba originaria
│
├── NO → ¿Se obtuvieron infringiendo normas procesales?
│   │
│   ├── SÍ → PRUEBA IRREGULAR (no ilícita)
│   │   │
│   │   ├── ¿Es subsanable? → SÍ → Subsanar y admitir
│   │   └── ¿Es subsanable? → NO → Afecta al valor probatorio
│   │
│   └── NO → PRUEBA LÍCITA Y REGULAR
│
└── DUDOSO → Solicitar peritaje para determinar el método de obtención

Checklist para el abogado

Antes de impugnar una prueba digital por ilicitud, el abogado debe verificar:

Checklist para el perito informático

Al analizar evidencia digital, el perito debe verificar:

Evolución legislativa y tendencias futuras

E-Evidence ya no es una propuesta: es aplicable desde el 18 de agosto de 2026

Conviene actualizar esto, porque circula todavía como si estuviera en tramitación. El Reglamento (UE) 2023/1543, de 12 de julio de 2023, sobre las órdenes europeas de producción y de conservación a efectos de prueba electrónica en procesos penales, se publicó en el DOUE el 28 de julio de 2023, y su art. 34.2 dice literalmente: «Será aplicable a partir del 18 de agosto de 2026.» Lo acompaña la Directiva (UE) 2023/1544, sobre designación de establecimientos y representantes legales para la recepción de esas órdenes.

(Una salvedad del propio art. 34.2: la obligación de tramitar por el sistema informático descentralizado del art. 19 se aplica un año después de los actos de ejecución del art. 25, así que la vía telemática no arranca a la vez que el resto.)

Qué cambia respecto de la cooperación clásica:

El impacto del cifrado end-to-end

El cifrado de extremo a extremo (E2EE) —que en Signal y WhatsApp cubre todas las conversaciones, y en Telegram solo los chats secretos, porque los chats en la nube van cifrados cliente-servidor y se guardan en sus servidores— plantea un desafío creciente para la obtención lícita de evidencia digital:

• Las comunicaciones cifradas E2EE solo son legibles en los dispositivos de los interlocutores, no en los servidores del proveedor.
• La interceptación judicial conforme a los arts. 588 ter LECrim resulta técnicamente ineficaz contra E2EE.
• Esto genera un debate entre la seguridad pública (acceso a comunicaciones de delincuentes) y la privacidad (protección de las comunicaciones de todos los ciudadanos).
• Las alternativas actuales pasan por la adquisición del dispositivo físico o por la instalación de software de interceptación en el terminal (art. 588 septies LECrim), ambas con mayores requisitos de autorización judicial.

La doctrina del «entorno digital» del Tribunal Supremo

En resoluciones recientes, el Tribunal Supremo ha consolidado el concepto de «entorno digital» como una extensión de la personalidad del individuo, merecedora de protección constitucional reforzada:

• El conjunto de datos, comunicaciones, fotografías, historiales y actividad digital de una persona configura su «identidad digital», protegida por el artículo 18 CE en su totalidad.
• El acceso a cualquier componente de este entorno digital sin autorización puede vulnerar simultáneamente varios derechos fundamentales (intimidad, secreto de comunicaciones, protección de datos).
• La autorización judicial para acceder al entorno digital debe ser proporcionada, específica y motivada, indicando qué se busca y por qué.

Glosario de términos relacionados

Conclusión

La prueba ilícita digital representa una de las cuestiones más complejas y relevantes del derecho procesal contemporáneo. En un mundo donde la evidencia digital es omnipresente, la línea entre la obtención lícita e ilícita de pruebas electrónicas es a menudo delgada y requiere un conocimiento profundo tanto del marco jurídico como de los aspectos técnicos de la informática forense.

Para los abogados, comprender la doctrina de la prueba ilícita digital es esencial para impugnar eficazmente pruebas obtenidas ilegalmente y para asesorar a sus clientes sobre cómo obtener evidencia de forma que resulte admisible en juicio.

Para los peritos informáticos, el conocimiento de los requisitos legales de obtención y custodia de evidencia digital es tan importante como el dominio de las herramientas técnicas forenses. El perito debe ser capaz de identificar vulneraciones de derechos fundamentales en la obtención de la evidencia y de documentarlas rigurosamente en su informe.

Para empresas y particulares, la prevención es la clave: obtener evidencia digital respetando desde el primer momento los derechos fundamentales y la cadena de custodia evita que pruebas relevantes sean excluidas en un momento procesal posterior.

El análisis lo firma Jonathan Izquierdo, perito informático forense.

Referencias y fuentes

• Constitución Española de 1978. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.
• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). BOE núm. 157.
• Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim. BOE núm. 239.
• Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC). BOE núm. 7.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPDGDD). BOE núm. 294.
• STS 587/2014, de 18 de julio (Sala Segunda del Tribunal Supremo), ponente Manuel Marchena Gómez, recurso 11124/2013, ECLI:ES:TS:2014:3086 — efectos de la irregularidad en la cadena de custodia.
• STS 116/2017, de 23 de febrero (Sala Segunda del Tribunal Supremo), caso Falciani. Ponente: Manuel Marchena Gómez. Recurso 1281/2016. ROJ STS 471/2017 · ECLI:ES:TS:2017:471. Resumen del CENDOJ: «Prueba ilícita. Apoderamiento por un empleado de la Banca Suiza de archivos informáticos con datos fiscales referidos a contribuyentes españoles que no han declarado sus ingresos a la Hacienda Pública. Validez de la llamada «Lista Falciani»». Ficha en el portal de transparencia del CGPJ.
• STS 489/2018, de 23 de octubre (Sala Segunda del Tribunal Supremo), ponente Antonio del Moral García, recurso 1674/2017. ROJ STS 3754/2018 · ECLI:ES:TS:2018:3754 — incautación y registro del contenido son actos distintos.
• STC 81/1998, de 2 de abril (Tribunal Constitucional, Pleno, recurso de amparo 3.140/1994; BOE núm. 108 de 6 de mayo de 1998) — doctrina de la conexión de antijuridicidad.
• STC 114/1984, de 29 de noviembre (Tribunal Constitucional, Sala Segunda, amparo 167-1984) — no hay secreto frente al propio interlocutor.
• STC 170/2013, de 7 de octubre (Tribunal Constitucional, Sala Primera, amparo 2907-2011) — amparo denegado; acceso al correo corporativo previsto en convenio.
• STC 29/2013, de 11 de febrero (Tribunal Constitucional).
• STEDH Barbulescu c. Rumanía (Gran Sala), de 5 de septiembre de 2017.
• STEDH López Ribalda y otros c. España (Gran Sala), de 17 de octubre de 2019.
• Miranda Estrampes, M. (2004). El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal. J.M. Bosch Editor.
• De la Oliva Santos, A. (2019). Derecho Procesal Penal. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
• Ortells Ramos, M. (2020). Derecho Procesal Civil. Thomson Reuters Aranzadi.

Última actualización: 27 de agosto de 2026 Categoría: Marco Legal Código: LEG-040