Impugnación de Informe Pericial Informático

El informe pericial que ganó el caso… hasta que lo impugnaron

En breve: impugnar un informe pericial informático es cuestionar formalmente su validez ante el juez por defectos metodológicos: falta de hash de verificación, ruptura de la cadena de custodia, análisis sobre el dispositivo original en vez de una copia forense, o conclusiones sin respaldo técnico. No existe estadística oficial sobre tasas de impugnación: lo que decide el incidente es un defecto concreto y demostrable en el informe contrario.

Un informe pericial puede tener muy buen aspecto y ser inservible. El escenario típico en un despido: la empresa aporta un dictamen que concluye que el trabajador remitió información confidencial a su correo personal desde el equipo corporativo. Extenso, con capturas, tablas de metadatos y una conclusión contundente.

Y aun así impugnable, porque lo que decide no es la apariencia sino la metodología. Los defectos que hay que buscar, en este orden: si falta el hash de verificación de la imagen forense; si el análisis se practicó sobre el equipo original en vez de sobre una copia; si los timestamps de las capturas son coherentes entre sí; si la herramienta empleada es forense o de recuperación comercial; si consta documentada la cadena de custodia; y si las conclusiones afirman intencionalidad sin evidencia técnica que la sostenga, invadiendo lo que corresponde al juez. (El art. 348 LEC regula la valoración por sana crítica; la separación entre lo técnico y lo jurídico no procede de ese precepto, sino del propio objeto de la pericia según el art. 335.1.).

Cualquiera de esos seis puntos, acreditado, es materia de contrainforme. Combinarlo con la solicitud de aclaraciones al perito en juicio (art. 347 LEC) es lo que convierte un defecto técnico en un resultado procesal.

La prueba pericial informática aparece cada vez en más asuntos. Sobre si crecen también los informes deficientes no hay dato, y conviene no darlo por supuesto: no existe estadística pública que lo cuantifique. Lo que sí se puede describir son los defectos que los hacen impugnables son siempre los mismos y se identifican leyendo el informe: falta de hash, cadena de custodia sin documentar, análisis sobre el original en vez de sobre copia forense, metodología no reproducible y conclusiones que invaden la valoración jurídica.

Los tres mecanismos de impugnación

Mecanismo 1: Tacha del perito (artículo 343 LEC)

La tacha cuestiona al perito cómo persona, no al contenido del informe.

Causas de tacha (artículo 343.1 LEC):

Son cinco causas tasadas, no seis. Dos rótulos que suelen añadirse no están en el precepto: «haber intervenido previamente» y «falta de cualificación». La cualificación insuficiente no se combate por la vía de la tacha —que mira la imparcialidad del perito, no su competencia—: se ataca discutiendo el método y las conclusiones del dictamen, o proponiendo otro perito.

Mecanismo 2: Contrainforme pericial (artículo 335 LEC)

El contrainforme pericial es el mecanismo más potente porque aporta prueba pericial contradictoria.

Mecanismo 3: Aclaraciones en juicio (artículo 347 LEC)

Preguntas efectivas para aclaraciones:

1. “Puede indicar el hash SHA-256 de la imagen forense que analizo?”
2. “Que herramienta forense utilizo para la extracción? Tiene licencia profesional?”
3. “Puede explicar cómo llego a la conclusión de [X] a partir de los datos presentados?”
4. “Considero hipótesis alternativas a la que presenta en su conclusión?”
5. “Trabajo sobre el dispositivo original o sobre copia forense?”
6. “Puede documentar la cadena de custodia desde la recepción del dispositivo?”
7. “Esta certificado en informática forense? Que formación específica tiene?”

Tacha vs contrainforme: comparación detallada

Matriz de decisión: que mecanismo usar

10 motivos para impugnar un informe pericial informático

Motivo 1: Ausencia de cadena de custodia

La cadena de custodia es el registro de quien ha tenido acceso a la evidencia, cuando, donde y que ha hecho con ella.

Argumento de impugnación: “El informe no documenta cadena de custodia desde la recepción del dispositivo. Conviene formularlo sin convertir una guía en norma: la ISO/IEC 27037 recoge la buena práctica reconocida, y apartarse de ella no invalida la prueba —lo que hace es dejar sin acreditar que lo analizado sea lo incautado, que es lo que aquí se discute—. Según esa guía, la documentación de la cadena de custodia es un requisito obligatorio para la validez de la evidencia digital.”

Motivo 2: Sin hashes de verificación

El hash criptográfico es la única forma de demostrar que una copia digital es idéntica al original.

Argumento de impugnación: “El informe no incluye hash SHA-256 ni ninguna función de verificación de integridad. Sin esa comprobación no puede acreditarse que la copia analizada coincida con el original, que es el objeto de la fase de adquisición descrita en la ISO/IEC 27037:2012 —que exige poder verificar que la copia es idéntica al original— y la guía NIST SP 800-86.”

Motivo 5: Conclusiones sin soporte técnico

Ejemplos comunes:

• “El usuario borro intencionalmente los mensajes” (los datos solo muestran que se borraron, no quien ni por que)
• “El demandado accedio al sistema” (los logs muestran acceso desde una IP, no quien estaba detrás)
• “Los emails fueron enviados por el acusado” (solo demuestra que salieron de su cuenta, no que el los enviara)

Motivo 10: Datos estadísticos sin fuente (el problema de la IA)

Desde 2024, he detectado un incremento notable de informes periciales que incluyen estadísticas y referencias que no existen. En tres contrainformes que elabore en 2025, el perito contrario había incluido sentencias del Tribunal Supremo con números inventados, estudios de universidades no publicados, y porcentajes sin fuente verificable.

Cómo detectarlo: Verificar cada cifra y referencia en CENDOJ, Google Scholar y las webs institucionales citadas.

Argumento de impugnación: “El informe cita la STS [número]/[año] cómo fundamento. Consultado el CENDOJ, dicha sentencia no existe. La inclusión de referencias falsas compromete la fiabilidad del conjunto del informe.”

Cuándo NO impugnar: 5 situaciones contraproducentes

Proceso paso a paso

Caso 1: Despido por “envio de datos confidenciales” desmontado (Madrid)

Contexto: Empresa despide a empleado por enviar 4,7 GB de datos a su email personal. Informe de 47 páginas.

Defectos identificados:

Mi contrainforme: Documente los 6 defectos con referencias a ISO 27037. Realice extracción forense propia y descubri que los emails fueron generados automáticamente por una regla de Outlook configurada por IT (backup automático), no por acción del empleado.

Qué decide el asunto: acreditar que los correos los generó una regla automática y no una acción voluntaria desmonta la conclusión de intencionalidad, que es la que sostenía la carta de despido. (No se afirma aquí un desenlace: no se identifica órgano, procedimiento ni resolución, y los salarios de tramitación solo proceden en los supuestos que la ley prevé, no como consecuencia general de la improcedencia.)

Caso 2: Acusación penal refutada por análisis de IP (Sevilla)

Contexto: Exempleado acusado de acceso no autorizado a servidores, 3 meses tras su dimisión. El informe pericial concluia que “los accesos procedieron de la IP del domicilio del acusado”.

Defectos: IP dinámica no documentada, red wifi abierta sin contraseña, sin verificar reasignaciones de IP, logs sin hash de integridad, sin investigar VPN/proxy.

Mi contrainforme: Solicite registros al ISP. La IP se había reasignado 7 veces en 3 meses. 4 de 12 accesos fueron en madrugada (3:00-5:00 AM), inconsistente con el perfil del acusado pero consistente con bots.

Resultado en apelación: Condena revocada. La Audiencia Provincial cito que “el contrainforme evidencia deficiencias metodologicas graves que impiden sostener la conclusión de autoría”.

Caso 3: Informe con estadísticas generadas por IA desmontado en ratificación (Barcelona)

Contexto: Competencia desleal, informe de 78 páginas con múltiples referencias estadísticas y jurisprudenciales.

Defectos: 4 de 11 referencias no existían: dos STS con números que no figuraban en CENDOJ, un “estudio de la Universidad de Deusto 2024” que la universidad nego, un “informe ENISA 2025” con datos inventados.

La pregunta que lo desarma: solicitar aclaraciones en juicio (art. 347 LEC) y pedir al perito el ECLI o el ROJ de cada resolución que cite, y comprobarla. Con una cautela: la ausencia de ECLI no prueba que la sentencia no exista —no todas se publican en el CENDOJ, y las de instancia rara vez lo están—. Lo que sí es una señal fuerte es que el propio perito no sepa identificar la resolución que cita. Una sentencia publicada tiene identificador europeo y número de repertorio; una inventada, no. Si el perito responde que «lo encontró en una búsqueda» y no puede dar la referencia, ha quedado acreditado ante el tribunal que no verificó su propia fuente.

Qué decide el asunto: un dictamen cuyas referencias no resisten la comprobación pierde credibilidad en bloque, porque la duda se traslada al resto de sus afirmaciones. (No se cita aquí un fallo ni una frase judicial: no se identifica resolución que los sostenga.)

Por qué no encontrarás estadísticas de impugnación pericial

Merece la pena decirlo, porque circulan cifras concretas sobre esto y ninguna resiste una comprobación: no existe estadística oficial española sobre impugnación de prueba pericial. El CGPJ publica actividad judicial —asuntos ingresados, resueltos y pendientes por jurisdicción—, no la composición probatoria de los expedientes ni el resultado de los incidentes de tacha. Tampoco el Ministerio de Justicia ni la Fiscalía desglosan ese dato.

Eso significa que cualquier porcentaje del tipo «el 42 % de los contrainformes prospera» o «el 18 % de las tachas tiene éxito» carece de fuente pública verificable. Antes de citar una cifra así en un escrito, pregunta de dónde sale: si la respuesta es un organismo oficial, comprueba la publicación concreta, porque la atribución suele no aguantar.

Lo que sí es normativa comprobable y conviene manejar: el art. 343 LEC regula las causas de tacha del perito de parte, el art. 344 LEC su tramitación, y el art. 348 LEC ordena valorar el dictamen según las reglas de la sana crítica. Ahí, y no en un porcentaje, está el terreno donde se decide una impugnación.

Preguntas relacionadas

¿Qué plazo tengo para impugnar un informe pericial informático?

Depende del procedimiento y mecanismo. En civiles (LEC), la tacha debe formularse en el plazo de proposición de prueba o antes del juicio. El contrainforme se aporta cómo prueba pericial de parte. Las aclaraciones (art. 347) se solicitan antes del juicio. En penales, la impugnación puede realizarse hasta el juicio oral. Recomendación práctica: actuar lo antes posible para dar tiempo al perito de parte.

¿Se puede impugnar un informe del perito judicial?

Sí, pero el mecanismo no es el mismo, y confundirlo cuesta el incidente. Al perito designado por el tribunal mediante sorteo se le recusa —el art. 124.1 LEC es tajante: «sólo los peritos designados por el tribunal mediante sorteo podrán ser recusados»—, mientras que la tacha del art. 343 está reservada a los peritos de parte, que «sólo podrán ser objeto de tacha […] pero no recusados» (art. 124.2). El propio art. 343.1 lo repite: «sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente. En cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha».

Lo que sí es común a ambos: solicitar aclaraciones (art. 347) y aportar contrainforme. El juez valora todos los informes bajo sana crítica (art. 348 LEC) y puede apartarse del perito judicial si el contrainforme esta mejor fundamentado.

¿Merece la pena impugnar si el informe tiene defectos menores?

Si los defectos son menores (erratas, formato) pero las conclusiones son correctas, la impugnación puede ser contraproducente. El juez puede percibir que atacas la forma, no el fondo. Reserva la impugnación para defectos que afecten la fiabilidad: ausencia de custodia, falta de hashes, herramientas inadecuadas, conclusiones sin soporte.

¿Cómo detectar si un informe fue generado con IA?

Señales: (1) referencias que no existen al verificarlas en CENDOJ o Google Scholar, (2) lenguaje excesivamente homogeneo, (3) estadísticas sin fuente verificable, (4) STS con números inexistentes, (5) citas textuales que no corresponden a publicaciones reales. La Instrucción CGPJ 2/2026 se dirige a jueces y magistrados, no al perito, y no impone declarar el uso de IA; lo que exige es que el propio tribunal valide críticamente lo que incorpore a sus resoluciones. No fija un criterio con el que mirar un dictamen de parte: eso sería extender la norma más allá de su destinatario.

¿Puede un abogado impugnar sin perito de parte?

Si, mediante aclaraciones (art. 347) y tacha (art. 343). Pero la eficacia es menor sin apoyo técnico. Recomendación mínima: una consulta técnica (2-4 horas, 200-400 EUR) para preparar preguntas de aclaraciones.

¿La STS 629/2025 ha cambiado la impugnación de periciales?

No la cambió: la confirmó. La sentencia de julio de 2025 aplica una doctrina que la propia STS 754/2015 remite a la STS 300/2015, y que se formula con más detalle en la STS 375/2018 — y de ahí sale lo que sí importa: la impugnación tiene que ser concreta. El Supremo descarta expresamente la que sea «meramente retórica y en términos generales» y exige «sospechas o indicios de manipulación».

La consecuencia práctica para quien impugna es la misma desde 2018, aunque se cite como novedad: decir «impugno la autenticidad» no basta. Hay que traer el indicio, y traerlo suele significar un informe que señale qué pudo alterarse y cómo.

Conceptos relacionados

• Contrainforme Pericial - Refutación técnica del peritaje contrario
• Ratificación Pericial - Defensa del informe en juicio oral
• Informe Pericial - Estructura y requisitos del dictamen
• Sana Crítica - Cómo valoran los jueces la prueba pericial
• Cadena de Custodia - Documentación de integridad de la evidencia
• STS 629/2025 - Prueba digital sin pericial obligatoria

Referencias y fuentes

1. LEC (Ley 1/2000). Arts. 335-352, 343, 347, 348. boe.es
2. CGPJ. Estadística Judicial — actividad de los órganos judiciales. poderjudicial.es
3. Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil — arts. 335, 343, 344, 347 y 348 sobre dictamen pericial, tacha, aclaraciones y valoración
4. Abel Lluch, X. Derecho probatorio. J.M. Bosch Editor, ISBN 978-84-7698-917-3 — obra de referencia sobre fundamentos de la prueba y procedimiento probatorio en el proceso civil.
5. ISO/IEC 27037:2012. iso.org
6. NIST SP 800-86 — Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response, de Karen Kent, Suzanne Chevalier, Tim Grance y Hung Dang (agosto de 2006). csrc.nist.gov
7. LECrim — Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, arts. 456-485 (informe pericial en el proceso penal). BOE-A-1882-6036
8. STS 629/2025, de 3 de julio (Sala Segunda). Ponente: Ana María Ferrer García. Recurso de casación 10645/2024. ROJ: STS 3341/2025 · ECLI:ES:TS:2025:3341. Buscable en el CENDOJ por su ECLI
9. Instrucción 2/2026, de 28 de enero, del Pleno del CGPJ, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. BOE-A-2026-2205
10. Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 348 (sana crítica) y art. 335.2 (objetividad del perito).

Aviso legal: Finalidad informativa y educativa. No constituye asesoramiento jurídico. Datos de las fuentes citadas.

Sobre el autor: Jonathan Izquierdo, perito informático forense, ex-CTO y 5x AWS Certified, con metodología basada en ISO 27037. Disponible para evaluación de informes periciales y elaboración de contrainformes.

Última actualización: 2 de septiembre de 2026 Categoría: Marco Legal (LEG-037)